¿Qué es el whistleblowing y quién es un whistleblower?

El whistleblower es la persona que identifica un delito o una irregularidad en el lugar de trabajo, durante el ejercicio de sus funciones, y decide denunciarlo al responsable anticorrupción o a una autoridad que pueda actuar eficazmente a este respecto. El denunciante desempeña un papel de interés público, ya que ofrece información, de manera inmediata siempre que sea posible, a la comunidad o institución a la que pertenece, sobre los problemas o peligros relacionados con los delitos denunciados. El whistleblowing consiste en actividades reguladoras de los procedimientos destinados a proteger y tutelar el anonimato de los demandantes e incentivar la denuncia de irregularidades.

¿Cómo se regulan las denuncias en Italia?

El whistleblowing está regulado por la ley 179/2017 sobre whistleblowing que establece la protección del trabajador - empleado público y privado - que denuncia la comisión de un delito a las personas responsables (whistleblowing), protegiéndolo contra cualquier represalia por parte de compañeros o superiores.

La ANAC, a través de la Determinación n.6 de 28 de abril de 2015, emitió las "Directrices sobre la tutela de los empleados públicos que denuncian irregularidades (whistleblower)" con la clara indicación de que las denuncias, con el objetivo de tutelar al demandante, se procesen electrónicamente con sistemas computarizados y criptográficos.

Además, la ANAC estableció que "la adopción de las iniciativas necesarias debe contemplarse en el marco del plan trienal de la prevención de la corrupción (PTPC) como una intervención que se deberá efectuar con celeridad".

Sector privado, ¿cuál es el papel del ODC en la denuncia de irregularidades?

Centrando la atención solo en el sector privado, la ley n. 179 del 30 de noviembre de 2017 prevé la integración del art. 6 del Decreto Legislativo n. 231 del 8 de junio de 2001 relativo a la "Disciplina de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, empresas y asociaciones, incluso sin personalidad jurídica", con el fin de proporcionar una tutela oportuna a todos aquellos empleados y / o colaboradores de empresas que hayan denunciado delitos o irregularidades de los que hayan tenido conocimiento en el contexto de su ámbito de trabajo.

En particular, de conformidad con el nuevo artículo 6 del Decreto 231, los modelos de organización, gestión y control adoptados de conformidad con el Decreto 231 deberán integrarse para establecer medidas que garanticen la tutela del demandante contra represalias o discriminación y, en general, el uso oportuno y no abusivo del nuevo instrumento de denuncia.

El foco de la nueva normativa está representado por la obligación contemplada en el art. 6, apartado 2- bis, letras a y b, del Decreto 231 de proporcionar los canales de información adecuados que permitan a los demandantes "presentar, en beneficio de la tutela de la entidad, informes detallados sobre conductas ilícitas, relevantes en virtud del presente decreto y basados en elementos fácticos precisos y coherentes".

A este respecto, de la lectura del artículo 6 reformulado del Decreto 231 se puede deducir que el Órgano de Control establecido de conformidad con el Decreto 231 (en adelante "ODC") esté destinado, en el reciente sistema de denuncia de irregularidades o whistleblowing "231", a desempeñar un papel crucial.

¿Qué hechos o actos pueden ser objeto de una denuncia?

No existe una lista taxativa de delitos o irregularidades que puedan ser objeto de la denuncia de irregularidades o whistleblowing. Se consideran relevantes las denuncias sobre comportamientos, riesgos, delitos o irregularidades en detrimento del interés público. La denuncia de irregularidades o whistleblowing no comprende las reclamaciones personales del denunciante, generalmente reguladas por otros procedimientos.

En particular, la denuncia puede referirse a acciones u omisiones, cometidas o tentadas:

• susceptibles de sanciones penales;
• puestas en práctica en violación de los códigos de conducta u otras políticas de empresa sancionables por medios disciplinarios;
• susceptibles de causar perjuicios patrimoniales a la administración de pertenencia o a otro organismo público;
• susceptibles de causar un perjuicio a la imagen de la entidad;
• susceptibles de provocar daños a la salud o seguridad de los empleados, usuarios y ciudadanos o al medio ambiente;
• perjuicio a los usuarios, empleados u otros sujetos que llevan a cabo sus actividades en la entidad.

¿Quién es el responsable de recibir y gestionar las denuncias?

La normativa indica que, en el momento en que el demandante no presente una denuncia ante la autoridad judicial, ante el Tribunal de Cuentas o ante la A.N.A.C., «informe a su superior jerárquico». La Autoridad Anticorrupción, al interpretar el marco regulatorio, indica que "en primer lugar se debe tener en cuenta que, a nivel administrativo, el sistema de prevención de la corrupción regulado por la Ley 190/2012 depende del responsable de la prevención de la corrupción encargado de proponer herramientas y medidas para combatirla.

Por lo tanto, también se debe considerar al sujeto funcionalmente competente para conocer cualquier hecho ilícito con el fin de adoptar, como consecuencia, las medidas destinadas a fortalecer el plan de prevención de la corrupción, bajo pena de activar formas específicas de responsabilidad hacia él.

¿Cómo se tratan las denuncias de usuarios desprovistos de credenciales (denuncias anónimas)?

Cabe señalar que la normativa establece la confidencialidad y no el anonimato. Por lo tanto, el empleado público o colaborador o cualquier persona que desee denunciar un delito deberá aportar sus datos, que se tratarán de manera confidencial.

En cualquier caso, se prevé un método de denuncia que no requiere el registro (modalidad anónima), modalidad de la que provienen una buena parte de las denuncias.

Las modalidades de recepción y gestión de estas denuncias (previstas también en casos particulares por el propio A.N.A.C.), si no están respaldadas por la manifestación de la propia identidad y por pruebas sólidas, están sujetas, sin embargo, a tratamientos diferentes respecto a los específicamente previstos por la ley sobre el whistleblowing o denuncia de irregularidades.

El responsable anticorrupción mantendrá la confidencialidad de las denuncias en cumplimiento del marco regulatorio y evaluará la posibilidad de proceder con su verificación.

¿La posibilidad de anonimato puede causar un número excesivo de denuncias?

El anonimato puede ser útil porque culturalmente se suele desconfiar de la forma en que se tratan los datos personales y porque las denuncias anónimas pueden contener información y hechos de importancia significativa o que deberán investigarse más a fondo. El análisis en profundidad se puede llevar a cabo a través de la plataforma interactuando de forma anónima con el propio demandante.

Con el fin de recibir denuncias detalladas, es extremadamente útil disponer de procedimientos internos precisos, indicando los casos que pueden ser evaluados y especificando que las denuncias anónimas solo se tendrán en cuenta si están lo suficientemente detalladas.

En cualquier caso, dentro del software, las denuncias anónimas son distintas de aquellas realizadas por usuarios registrados y pueden tratarse de acuerdo con las modalidades indicadas por la entidad.

¿Cómo se gestiona la identidad del remitente de la denuncia?

La denuncia y la identidad del empleado público que la realiza son altamente confidenciales. El software, con métodos que se adhieren estrictamente a la normativa, separa la denuncia de la identidad del demandante. Por lo tanto, el acceso a la identidad del demandante se permite exclusivamente a la persona responsable de la prevención y de la corrupción a través de un estricto procedimiento de seguridad, que registra el acceso a la identidad, requiriéndole la motivación.

El software registra todas las actividades y accesos, incluido el acceso motivado a la identidad del demandante por parte del responsable anticorrupción.

El software también genera una copia del mensaje que se envía por correo electrónico o PEC (correo electrónico certificado) al demandante para garantizar que las denuncias presentadas no se alteren ni modifiquen.

Por tanto, desde un punto de vista informático, se garantiza la inviolabilidad absoluta de los sistemas y la máxima confidencialidad.

¿Por qué un software de whistleblowing? ¿Las denuncias de delitos no deberían presentarse ante la justicia?

En primer lugar porque es una obligación reglamentaria. Además, no todos los delitos son penalmente relevantes y denunciables ante el poder judicial. Denunciar ante el poder judicial implica que la actividad ilícita ya se ha cometido y, por lo tanto, faltarían los requisitos de la prevención.

El propósito principal del whistleblowing es, de hecho, prevenir o resolver un problema de forma interna e inmediata y dar la posibilidad de denunciar un delito con un instrumento altamente seguro y confidencial.

Varios delitos también prevén una intervención disciplinaria precautoria que la administración pública deberá llevar a cabo de manera conjunta con la denuncia la autoridad judicial competente.